Sé que para muchos firmar un papel ya no es innovador ni mucho menos suficiente; no obstante, empeñar la palabra mediante la firma de un gran acuerdo en presencia de centenares de Tolimenses conectados con la necesidad de cambio y el propósito de renovación es un compromiso moral y público de maximes éticos y políticos. El Gran Acuerdo por las Juventudes del Tolima aparece como un acto de audacia política: no es una declaración simbólica, sino un contrato público suscrito frente a más de 1.500 personas, respaldado por representantes y movimientos que exigen trazabilidad, recursos y resultados. Si la política quiere recuperar su legitimidad, debe empezar a medirse por lo que cumple —no por lo que promete—. Ese es el desafío que hoy abrazan Juan Carlos Losada, Olga Beatriz González y Disruptivos por Colombia.
La fortaleza de un acuerdo programático se ve en su capacidad para conectar la agenda territorial con la legislación nacional. Ahí están ejemplos concretos en la gestión legislativa: Juan Carlos Losada ha impulsado normas que no son gestos simbólicos sino herramientas jurídicas —desde leyes pioneras en bienestar y protección animal (reconocimiento de seres sintientes y prohibiciones de prácticas crueles) hasta reformas penales que incorporan delitos ambientales como la deforestación, la financiación de la invasión de baldíos y el ecocidio—; su liderazgo en la ratificación del Acuerdo de Escazú y en políticas para restringir plásticos de un solo uso y las corridas de toros muestran cómo traducir principios en reglas. La política basada en acuerdos obliga a poner sobre la mesa estos logros como compromisos reproductibles y expansibles.
En el mismo plano, la apuesta territorial de la representante Olga Beatriz González —con iniciativas que buscan reconocer jurídicamente a ríos como el Saldaña y el Combeima como sujetos de derechos, y su trabajo por marcos de desarrollo regional con temas de Patrimonio Cultural, Turismo y reconocimiento histórico— expone el vínculo indispensable entre protección ambiental, identidad local y justicia social. Ese tipo de proyectos reconfiguran la noción de lo público: protegen bienes comunes, blindan fuentes de vida y crean precedentes legales útiles para todo el país. Cuando los acuerdos programáticos incorporan demandas como la defensa de cuencas, el acceso a educación rural o políticas de empleo para jóvenes, esos compromisos dejan de ser promesas y se vuelven mandatos políticos.
El Gran Acuerdo por las Juventudes del Tolima —con su vocabulario claro (J-U-V-E-N-T-U-D) y sus exigencias: formación, inclusión laboral, agenda parlamentaria articulada con territorios, salud mental, derechos sexuales y reproductivos, observatorios de juventudes y trazabilidad de recursos— es un ejemplo de cómo las juventudes pueden pasar de la protesta a la política institucional. Un acuerdo público así obliga a quienes lo suscriben a llevar esas prioridades al debate presupuestal, a las comisiones, a las audiencias públicas y a las leyes. No es sólo solemnidad: es un contrato político que permite exigir responsabilidades y medir avances.
Si queremos devolverle seriedad, ética y altura al quehacer político en Colombia hace falta más de estos acuerdos o pactos: públicos, suscritos, medibles y con sanciones políticas cuando no se cumplen -los jóvenes repudian la instrumentalizacion-. Los logros legislativos que hemos mencionado demuestran que la política puede ser herramienta de justicia y protección ambiental; la firma del Gran Acuerdo por las Juventudes del Tolima demuestra que también puede nacer desde abajo, con legitimidad social. Sólo así recuperaremos la política como servicio y no como botín.
La política de la refundación comienza con la palabra empeñada. Que los acuerdos programáticos no sean álbumes de fotos, sino mapas de ruta para transformar realidades. La decisión valiente de congresistas como Juan Carlos Losada y Olga Beatriz González, que no temieron firmar en público, frente a centenares de testigos, es un compromiso honroso con las juventudes del Tolima y de Colombia. Ese acto, más que un gesto, es una invitación a trascender... que la firma se convierta en política pública, que el acuerdo se vuelva presupuesto y ley. Porque la palabra cumplida es la única forma de devolverle dignidad a la política y esperanza a una generación que no se resigna a ser olvidada.
Por:
Walter Duarte H - Columnista
Disruptivos por Colombia.
Excandidato a la Asamblea del Tolima.
Comentarios
Publicar un comentario