Diagnóstico situacional de la juventud en educación y emprendimiento Colombia 2016

Presentación

El presente documento es un diagnóstico comprendido por la revisión de literatura, normas,  instrumentos jurídicos y técnicos, sobre la situación de los jóvenes en los temas de educación y emprendimiento en Colombia. Tiene como objetivo ser un insumo para el XI Encuentro Cívico Iberoamericano y posteriormente, para la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno, con el tema central de “Juventud, Educación y Emprendimiento”  la cual se realizará el 28 y 29 de octubre de 2016 en la ciudad de Cartagena. En Iberoamérica se han desarrollado y articulado procesos que apuntan al desarrollo de la juventud; tema que ha estado presente de manera constante en las agendas políticas de los Jefes de Estado, así como en los mandatos de la última Cumbre realizada en México y en anteriores, como la del 2008 en El Salvador con el tema principal de  “Juventud y Desarrollo”. En estos espacios se ha reconocido la importancia de brindarle a los jóvenes iberoamericanos, oportunidades, herramientas y plataformas, que les ayuden a incidir de manera directa en la discusión y formulación de políticas públicas en los temas que les conciernen.


Algunos de estos instrumentos de política de juventud son:
  • La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
  • La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
  • El Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de Juventud.
  • Centros de Información Juvenil (CIJ).
Así pues, desde diferentes enfoques se ha demostrado el interés político de promover el desarrollo juvenil como clave del progreso de las sociedades. No obstante, a pesar de las intenciones y de los avances que se han logrado, los jóvenes iberoamericanos todavía enfrentan desafíos que impiden su crecimiento a nivel personal, social y profesional. En el año 2004, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, realizó un informe que explica y analiza la situación de la juventud iberoamericana. Si bien ya han pasado doce años desde su publicación, todavía persisten contradicciones en la situación de los jóvenes, siendo algunas de ellas que tienen más acceso a la educación pero menos acceso al empleo, o que gozan de más acceso a la información pero menos acceso al poder, y que tienen más expectativas de autonomía pero menos opciones para materializarla (CEPAL, 2004).
Dado que el tema principal de esta versión de la  Cumbre de Jefes de Estado es “Juventud, Educación y Emprendimiento”, es esencial analizar la situación de los jóvenes colombianos en estos dos temas, ya que la educación contribuye a la equidad, a la democracia y a la construcción de paz. Ya que generar igualdad de oportunidades para la vinculación al mundo laboral, representa una clave para promover inclusión social con prosperidad económica. En Iberoamérica, sobre todo en la región de Centro y Latinoamérica, pese a que la cobertura de la educación primaria y secundaria ha mejorado, la deserción escolar es constante y se presenta como un resultado de los contextos de pobreza que enfrentan estos países. El ingreso a la educación superior sigue siendo difícil para los jóvenes, sobre todo para aquellos que residen en zonas rurales.
En Colombia, se han demostrado logros significativos en el sistema educativo, sobre todo en las coberturas brutas de educación básica que superan el 100% pero, en la educación media y superior los porcentajes son de 75%[1] y 47%[2] respectivamente, mientras que la deserción por período[3] para la educación técnica profesional es 32,6%, tecnológica de 18,0% y universitaria de 9,3% (Ministerio de Educación, 2015), por lo que los esfuerzos del gobierno deben ampliarse hacia todos los sectores educativos. Asimismo, la meta ha sido proveer educación de calidad y promover la equidad de oportunidades educativas, que todos los jóvenes puedan acceder de manera justa a una educación de alta calidad y finalizarla, implica la formación de profesionales mejor calificados para desempeñarse en el ámbito laboral y/o como emprendedores que refuercen los valores democráticos en la sociedad.
Para el desarrollo del diagnóstico, en  primer lugar, se hace una revisión a los antecedentes conceptuales de la juventud, seguido por un análisis situacional de los jóvenes en Colombia, en el cual se contextualiza qué es lo que está viviendo esta población y cuáles son sus principales problemáticas. Posteriormente, se presenta el marco normativo tanto internacional como nacional y las políticas públicas de juventud, que  pretenden brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes superen dichas problemáticas.  Finalmente, se hace un breve recorrido por los temas de educación, empleo y emprendimiento, analizando los logros y dificultades que se han presentado en la región iberoamericana y en el país. El documento se cierra con una reflexión de lo planteado en el documento.

Antecedentes

Conceptuales

La juventud es el estado de transición entre la niñez y la adultez, es decir donde el individuo no es ni un niño ni tampoco un adulto (Bourdieu, 1990). Aunque su condición está estructurada por variables psico-bio-lógicas, del mismo modo se constituye como una posición socialmente construida. La percepción sobre la juventud ha estado permeada por estereotipos o visiones negativas que van desde la rebeldía a la esperanza por hacer las cosas de manera diferente a las anteriores generaciones. Anteriormente, ser joven se relacionaba con inmadurez, carencia de capacidades y  poca responsabilidad; igualmente, se ha relacionado con la violencia y el consumo de drogas ilícitas. Pero a lo largo de los años, las organizaciones e instituciones reconocen las fortalezas y deberes que involucran a esta población con la idealización y ejecución de sociedades más justas e incluyentes.
La juventud se caracteriza por un alto contenido y desarrollo de creatividad e imaginación artística y cultural que se expresa en la diversidad étnica, sexual, religiosa y política,  pero también por la vulnerabilidad de su entorno y la incertidumbre (Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, 2006). Las principales problemáticas sociales que enfrentan son el cambio climático, el desempleo, la inequidad, la vinculación a grupos ilícitos y el consumo y distribución de sustancias psicoactivas.  Para las Naciones Unidas –ONU-, los jóvenes se comprenden entre los 15 y 24 años de edad; debido a su condición de vulnerabilidad, la ONU ha desarrollado un programa de juventud que busca protegerlos y brindarles las herramientas necesarias para su crecimiento personal. De igual forma, se procura que dejen de ser víctimas de conflictos, explotación sexual, trata de personas y trabajo forzoso.
A nivel jurídico, en Colombia la Ley 1622 de 2013 define como joven a toda persona entre 14 y 28 años cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Artículo 5). Pero el  límite que se trazó entre juventud y adultez, se ha relacionado con el inicio de la vida laboral y la conformación de una nueva familia; debido a la prolongación del proceso educativo y las percepciones de incertidumbre económica y laboral, la edad promedio de la finalización de la juventud ha ido aumentando (CEPAL, 2004).

Análisis situacional de la juventud en Colombia

La población juvenil en Colombia no solamente está categorizada en juventud, se debe tener en cuenta algunas diferenciaciones debido a que los contextos y la manera en la que las políticas públicas los afectan, no es la misma para todos. En primer lugar, hay una diferencia de género porque las condiciones para los hombres y las mujeres jóvenes no son las mismas; en Latinoamérica el 25,6% de las jóvenes entre 15 y 29 años se dedican a las labores domésticas mientras que la proporción de los hombres no llega ni al 2% (UNFPA, 2014), reforzando así la creencia cultural  de que las mujeres son indispensables para el funcionamiento de los hogares y el trabajo doméstico, limitándolas a explorar otras oportunidades educacionales y laborales que permitan su desarrollo pleno.
 Esta creencia  ha abierto la brecha entre el desempleo entre ambos sexos; para el trimestre de enero-marzo de 2016, la tasa de desempleo para los hombres fue de 13,5% mientras que para las mujeres fue de 23,8% (DANE, 2016).  Así como también,  las mujeres son constantemente víctimas de la violencia de género, su vulnerabilidad parece estar asociada a su sexualidad, sobre todo cuando son abusadas, maltratadas y explotadas (UNFPA, 2014). Ahora bien, aunque el panorama de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres todavía está compuesto por estructuras y lógicas culturales que favorecen a un género sobre el otro, se destaca que las mujeres jóvenes promueven dicha igualdad sin buscar el favorecimiento de una. Todavía falta implementar en las políticas públicas de juventud, un enfoque diferencial de género, que garantice que las mujeres no sigan siendo objeto de discriminación en la sociedad colombiana.  
Por otro lado, debido a las pronunciadas diferencias entre los territorios en todo el país, se tiene que diferenciar a los jóvenes urbanos de los jóvenes rurales. La población rural enfrenta altos niveles de pobreza, pocas oportunidades educativas y laborales, así como las consecuencias del conflicto armado. Dentro de la distinción de jóvenes rurales, existe una identidad étnica mucho más fuerte que en los jóvenes urbanos.  Aproximadamente, el 20%[4] de los jóvenes viven en el sector rural, pero las  brechas sociales los motivan a migrar a zonas urbanas, en las que compiten con pares mejor preparados. De cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 terminan la educación media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes (Ministerio de Educación, 2013). Paralelamente, el 30,6% de los jóvenes urbanos tienen un nivel de estudio especializado o profesional, en la zona rural es de 25,5% siendo 13,1% para las mujeres y 12,4%[5] para los hombres, demostrando la desigualdad de oportunidades según el lugar de residencia de los jóvenes.
Para intervenir algunas de estas problemáticas, el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación, desarrolla el Proyecto de Educación Rural (PER), que despliega modelos educativos flexibles dirigidos a jóvenes que debido a razones de edad, distancias o condiciones de desplazamiento no pueden atender a la educación regular (Fedesarrollo, 2014).Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se impulsa y respalda La Red Nacional de Jóvenes Rurales, que busca fortalecer en liderazgo y emprendimiento a estos jóvenes. Pero, para garantizar que todas las iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en las zonas rurales sean efectivas, se deben respaldar y regular por medio de políticas públicas que contemplen un enfoque territorial, ya que los contextos de las zonas rurales varían unos de los otros y por lo tanto, para garantizar resultados positivos, su aplicación no puede ser  la misma en todo el país.
En cuanto a temas de salud, la más alarmante es la salud mental de los jóvenes, la Encuesta Nacional de Salud Mental realizada por el Ministerio de Salud, la Universidad Javeriana y Colciencias, encontró que uno de cada diez colombianos sufre algún problema o trastorno mental, siendo los adolescentes entre 12 y 17 años los más afectados con un 12,2%, sobresaliendo sobre todo la depresión y la ansiedad. El 29,3% ha estado expuesto a una experiencia traumática (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). También, se demostró que los jóvenes se sienten solos y vulnerables al momento de acudir por ayuda a estas problemáticas,  así pues, el país tiene que reestructurar la manera en la que se trata y se aborda la salud mental.
Otras situaciones que viven los jóvenes colombianos, consideradas por UNICEF y PNUD son:
  • El principal factor de mortalidad es la accidentalidad por tráfico asociado al consumo de alcohol, seguido por la violencia común y la guerra. En las mujeres lo es el aborto.
  • Alta deserción escolar entre los jóvenes rurales.
  • Alta vinculación con el conflicto armado.
  • Los jóvenes tienen limitadas posibilidades de acceso a la educación superior.
  • Los jóvenes empiezan a consumir drogas cada vez más a edades tempranas.

Marco normativo

Internacional

Las Naciones Unidas (ONU) consideran jóvenes las personas entre 15 y 24 años, reconociendo que la imaginación, ideales y energía de esta población son vitales para el continuo desarrollo de las sociedades en las cuales viven. Los Estados miembros del sistema han reconocido en los jóvenes, los ideales de paz, de respeto mutuo y de comprensión entre los pueblos, por lo que declararon 1985, como el año internacional de la juventud: participación, desarrollo y paz; atrayendo la atención internacional al rol de los jóvenes en el mundo y su potencial contribución al desarrollo. El marco normativo actual que rige el compromiso de la ONU frente a los retos de la juventud en el nuevo milenio se ha desarrollado mediante la adopción de la estrategia internacional: El Programa Mundial de Acción para los Jóvenes.
El programa, proporciona un marco de políticas públicas y directrices prácticas para la acción nacional y el apoyo internacional para el mejoramiento de la situación de los jóvenes, con propuestas de acción que fomentan condiciones y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Su objetivo es el fortalecimiento de capacidades nacionales en materia de juventud y el aumento de la cantidad y calidad de oportunidades para la participación plena, efectiva y constructiva de los jóvenes en la sociedad.  Este programa consta de quince áreas prioritarias y sus correspondientes planes de acción: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, las niñas y las jóvenes, plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones, globalización, tecnología de la información y de las comunicaciones, VIH/SIDA, conflictos armados, y cuestiones intergeneracionales.
La ejecución del Programa de Acción es responsabilidad de los gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional y en colaboración con los sectores no gubernamentales y privados, según proceda. Las prioridades nacionales, los recursos y la experiencia histórica determinarán que las propuestas de acción del programa se traduzcan en leyes, objetivos y planes concretos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha hecho seguimiento de la agenda internacional de juventud y ha participado en las sesiones de la comisión de desarrollo social del ECOSOC, en las que se han realizado análisis sobre  la ejecución del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) igualmente se han desarrollado programas para atender las necesidades de los jóvenes; la estrategia del PNUD para la Juventud 2014-2017 identifica cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la juventud y ofrece recomendaciones para lograr el empoderamiento de los jóvenes, por medio de su participación en el desarrollo e implementación de políticas nacionales. Entre los puntos más importantes, el PNUD promueve el empoderamiento económico de la juventud, el fortalecimiento de la participación de la juventud en la construcción de resistencia y resiliencia en las comunidades, el empoderamiento económico juvenil, la participación activa e inclusiva de los jóvenes y la inclusión de la juventud en las agendas de desarrollo, consultas y toma de decisiones.
La comunidad internacional y sus organizaciones, reconocen que para lograr una construcción de paz estable y duradera, es  necesario crear espacios de participación en donde se garantice la intervención de todos los sectores de la sociedad, que incidan en la discusión de procesos políticos y de promoción de la cohesión social. En dichos espacios el papel y liderazgo de los jóvenes en la prevención y resolución de conflictos, son aportes indispensables para la construcción de paz. Dentro de este marco, la ONU presenta los “Principios Rectores sobre la Participación de los Jóvenes en la Consolidación de la Paz” desde cuatro enfoques diferentes: 1. Enfoque basado en los derechos humanos. 2. Enfoque económico que identifique el papel central de los jóvenes en el desarrollo de la economía de su país. 3. Enfoque sociopolítico que vincule a los jóvenes con la sociedad civil y el ámbito político. 4. Enfoque sociocultural  que analice las funciones de los jóvenes en las estructuras existentes y promueva el diálogo sobre dichas estructuras.
El Consejo de         Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime en diciembre de 2015, la resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad, fortaleciendo e impulsando el papel de los jóvenes en la consolidación de la paz, teniendo en cuenta que de los 1.800 millones de jóvenes en el mundo, el 60% vive en zonas en conflicto. La resolución los sitúa como actores proactivos que luchan contra la violencia, y los aleja de la connotación de víctimas, o como una población que debe protegerse; para que en su lugar, lideren la discusión y construcción de comunidad.  
En versiones anteriores de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el tema de la juventud se ha considerado, reconociendo la importancia de poner a esta población en el centro de la discusión. En la Cumbre de 2008 realizada en El Salvador el eje principal fue “Juventud y Desarrollo”, allí el gobierno colombiano se comprometió a reconocer su papel en el establecimiento de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los jóvenes. A crear y fortalecer las instituciones encargadas de la agenda juvenil, y a ratificar el compromiso con los principios y propósitos establecidos por las Naciones Unidas, para el beneficio de la juventud.  En la última versión, en el 2014 en México se aprobó el programa Iberoamericano de la Juventud, para generar espacios de participación y desarrollo de propuestas que fortalezcan la ciudadanía juvenil.
El programa cuenta con cuatro áreas de intervención: participación, movilidad, formación y un fondo de apoyo a iniciativas juveniles, sus principales metas son generar espacios de diálogo intergeneracional, promoviendo así la participación juvenil; promover la movilidad juvenil a través de programas que permitan el intercambio de experiencias dentro de la comunidad Iberoamericana; la promoción de sociedades más democráticas e incluyentes; el apoyo a la consolidación de iniciativas sociales lideradas por jóvenes, que promueven alternativas de transformación (OIJ, 2015). Finalmente, antecediendo la Cumbre Iberoamericana, en el mes de mayo de 2016, se realizó la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, contando de igual forma, con el tema de central de “Juventud, Educación y Emprendimiento”. La discusión se dividió en cuatro ejes: 1. Juventud, convivencia, cohesión y construcción de paz. 2. Formación, producción, gestión y derecho a la cultura. 3. Política pública para la formación, la juventud y el emprendimiento. 4. Emprendimientos culturales. Haciendo un aporte significativo a la Cumbre y al tema de “Juventud, Educación y Emprendimiento” brindando lineamientos para la discusión desde una perspectiva cultural.

Normatividad nacional

El primer avance en cuanto al reconocimiento de los derechos políticos de los  jóvenes se dio por medio de la Ley de Juventudes 375 de 1997,  con tres avances significativos. Primero, el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho. Segundo, el llamado a su participación plena en la sociedad. Tercero, el reconocimiento de las responsabilidades del Estado y la sociedad en la formulación y ejecución de políticas públicas de juventud. Además, incorporó el mandato de crear y articular entidades dedicadas a trabajar por los jóvenes: El Sistema Nacional de Juventud, conocido actualmente como Colombia Joven. Y a su vez, crea los Consejos Municipales y Departamentales de Juventud elegidos mediante el voto popular.
En el año 2013, con la intención de complementar y cubrir los vacíos de la ley 375, se decreta el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ley 1622, que pretende brindar herramientas más fuertes y mejor consolidadas para generar debates y discusiones en torno a la formulación de política, planes y programas, que impacten a la juventud a lo largo del territorio nacional. El estatuto establece el marco institucional para garantizar el ejercicio de la ciudadanía juvenil en lo civil, personal, social y público. Ratifica el goce de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los tratados internacionales y define la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad y el Estado. La ley se caracteriza por tener cuatro enfoques los cuales son:
  •  Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que imponen los Tratados Internacionales y la Constitución Política de Colombia.
  • Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto social, de edad orientación e identidad sexual o por condición de discapacidad.
  • Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de oportunidades para decidir.
  • Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones mínimas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y las sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio.
Igualmente, establece que el Presidente, los gobernadores y los alcaldes son los responsables por la inclusión de políticas de juventud en los planes de desarrollo y de incluir los recursos suficientes para implementarlas, así como garantizar el seguimiento y evaluación de dichas políticas. Los cambios y disposiciones más destacables entre la Ley 375 y la Ley 622 son, primero, el aumento del carácter jurídico, es decir pasar de una ley ordinaria a una ley estatutaria. Segundo, los cuatro enfoques para la interpretación y la aplicación de la norma, ampliando y clarificando los conceptos. Tercero, se estableció un procedimiento y tiempos para la formulación de una política pública de juventud. Cuarto, el fortalecimiento de una estructura institucional nacional y territorial de juventud. Quinto, la creación del Consejo Nacional de Política Pública de Juventud compuesto por el Presidente, Ministerio de Interior, SENA, ICBF -o los delegados de cada una de estas instituciones- y tres representantes del Consejo Nacional de Juventud. (Colombia Joven, 2014)
La Ley también reorganiza el Sistema Nacional de Juventud es dos subsistemas: el institucional y el de participación; fortalece el rol de los Consejos de Juventud, su participación en el proceso de formulación de políticas públicas. Creó las Plataformas (art. 60-62) y Asambleas de juventud (art.63-65) como nuevas instancias de participación, en donde la intención es facilitar la participación libre y plural. Pero fue apenas en el mes de junio de 2016, que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que reglamenta la elección de los Consejos de Juventud, de esta manera, los jóvenes podrán elegir mediante el voto popular a los Consejeros Municipales; todavía falta la aprobación del Senado para convertirse en ley, pero  la necesidad de regular estos Consejos lleva a los legisladores a darle el espaldarazo al proyecto.
 Los Consejos deben conformarse de la siguiente manera:
  • El 40% por jóvenes independientes, 30% de organizaciones juveniles y 30% de candidatos avalados por partidos y movimientos políticos.
  • El 50% de las listas de candidatos que se inscriban deben estar conformadas por mujeres.
  • La elección se desarrolla mediante lista cerrada, por lo tanto, los jóvenes votan por toda una lista y no por un candidato en específico.
  • Las listas deben estar conformadas de manera alterna, es decir, mujer, hombre, mujer para garantizar la equidad de género.
  • Los Consejos Municipales deben contar con un represente de las víctimas, debido a que el conflicto armado ha dejado 2’613.000 víctimas jóvenes.

Políticas públicas de juventud

La política pública de juventud se define como un conjunto de principios, objetivos y estrategias que comprenden y abordan las realidades de los jóvenes, fortaleciendo sus derechos y responsabilidades. Es el resultado de discusiones, consensos y acuerdos entre el Estado, los jóvenes y la sociedad, para crear condiciones y lineamientos para que los jóvenes participen y prosperen en la vida social, económica, cultural y democrática, y por lo tanto, en la construcción de un nuevo país (Colombia Joven, 2001).
Una amplia variedad de políticas públicas que está enfocada en la población de jóvenes, también está dirigida a los menores de edad, de hecho, en algunos Planes de Desarrollo, como el de la ciudad de Santiago de Cali 2016-2019, los programas abordan en conjunto a los niños, adolescentes y jóvenes. La franja de población entre los 14 y 17 años está incluida en dos instrumentos de políticas poblacionales, es por eso que tanto las  políticas públicas de juventud como las políticas de los niños, deben diferenciar las poblaciones para que el impacto y los resultados no favorezca a una sobre otra, como generalmente pasa con los menores de 18 años, debido a la prioridad que representan.
Medellín ha sido uno de los municipios que más esfuerzos ha realizado por considerar a los jóvenes en la política local. Desde la Secretaría de la Juventud de esta ciudad, se ha buscado potenciar a los jóvenes como agentes de cambio y de transformación de la sociedad. El acuerdo N° 019 de 2014 del Consejo de Medellín, por el cual se actualiza y adopta la política pública de juventud, tiene como objetivo garantizar el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derechos y deberes y como actores estratégicos del desarrollo y de la construcción de la democracia. La actualización de esta política procura que la ley no se limite al Estatuto de Ciudadanía Civil, sino que esta tenga alcances más profundos.
En el Plan de Desarrollo de la ciudad de Bogotá 2016-2020 se contempla la importancia del rol de la juventud en la construcción del desarrollo social y económico de la ciudad. Por lo tanto, se llevarán a cabo dos principales proyectos:
  • Distrito Joven: con el propósito de generar más oportunidades a los jóvenes para el ejercicio de su autonomía plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil, el proyecto se compone de alianzas entre los sectores público y privado para la generación de competencias y oportunidades laborales. De igual forma, una ruta de prevención que garantice la prevención y disminución de riesgos como la vinculación a redes ilegales, el consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples, explotación sexual, entre otras. Esto respaldado por una Política Pública de Juventud 2017-2027 para garantizar a los jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía
  • Calles alternativas: Su objetivo es desarrollar acciones de prevención y protección para los niños, adolescentes y jóvenes en situación o riesgo de habitabilidad en la calle. Esto por medio de la transformación territorial que busca el fortalecimiento de entornos protectores y protegidos e internados para la protección de niños, adolescentes y jóvenes habitantes de calle.
Si bien, son varias las regiones que siguiendo la Ley 622 de 2013, han implementado políticas públicas de juventud, como Cundinamarca, Atlántico, Caldas, Antioquia, entre otras; son más los territorios del país que no cuentan ni con los esfuerzos ni con los recursos necesarios para promover y coordinar estas políticas. Aunque la descentralización ha permitido a los gobiernos regionales cierta autonomía fiscal, todavía dependen enormemente de las transferencias fiscales, algunas regiones cuentan  con más recursos y con mayor capacidad técnica  y administrativa, por lo que la aplicación y el éxito de la política no es la misma para todo el país, además porque la ley no tiene en cuenta las diferencias sociales y económicas de las regiones. En otros casos, es porque los gobiernos locales no abren los espacios necesarios para que los jóvenes participen activamente en la formulación de estas políticas.
Por esta razón, organizaciones como la red de Jóvenes de las Américas-Nodo Colombia, han diseñado herramientas para ayudar a los jóvenes a tener más protagonismo en la formulación e implementación de las políticas públicas de juventud en los Planes de Desarrollo, en este caso por medio de una cartilla (2016) explicando los procesos de ejecución de gestión pública y brindando estrategias para la incidencia política que los jóvenes puedan aplicar desde sus territorios. Entre los principales logros de la formulación e implementación de políticas públicas de juventud se puede destacar:
  • El reconocimiento de los jóvenes como sujetos activos en la democracia, con autonomía suficiente para la toma de decisiones.
  • Superación de los enfoques asistencialistas de políticas de juventud.
  • La creación y el fortalecimiento de una institución especializada en la juventud.
  • Políticas estratégicas que atienden las necesidades más inmediatas de los jóvenes
  • Mayor participación y movilización por parte de los jóvenes en asuntos políticos.
  • Mayor representación de los jóvenes en las agendas de los mandatarios.
  • Acompañamiento de organizaciones internacionales para el fortalecimiento de los programas de la juventud.
Aunque los beneficios o resultados de dichas políticas son importantes de reconocer,  todavía prevalecen los obstáculos y amenazas. Como se mencionó anteriormente, solo en pocos territorios hay políticas focalizadas en la juventud; generalmente,  la representación de los jóvenes es por medio de acciones intermitentes que no tienen ningún tipo de continuidad ni visión a largo plazo. La asignación de recursos es otra dificultad para estas políticas, además de que no hay articulación con los programas ejecutados por los colectivos de jóvenes en los territorios. Para garantizar el éxito de una política pública nacional de juventud, su ruta de construcción debe ser desde las regiones y no desde lo nacional, precisamente por las diferencias de los contextos de las regiones; así como tiene que contemplar y reforzar enfoques diferenciales, que tenga presente el género, las diversidades étnicas, discapacidades, orientaciones sexuales o cualquier situación/condición que implique alguna forma de discriminación y/o atención especial. 
Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del Presidente Juan Manuel Santos, se plantean las siguientes estrategias en pro de la juventud:
  • Incrementar en un 73% el programa jóvenes en acción, logrando que lo jóvenes eleven sus ingresos y se vinculen al mercado laboral.
  • Durante el cuatrienio se buscará promover el uso del inglés en los currículos educativos y programas culturales/deportivos para generar espacios alternativos de esparcimiento y oportunidades de estudio para jóvenes deportistas.
  • Ampliación de la infraestructura para la educación media en la zona rural.
  •  A través del incremento de matrículas en la educación técnica y tecnológica en los jóvenes en las regiones, fortalecer procesos de formación educativa para el desarrollo y consolidación del ecosistema de innovación de la región.
  • Ampliar la cobertura y permanencia en educación en los niveles de básica y media a través de la implementación del Programa Modelos Educativos Flexibles
  • Promoción de iniciativas juveniles por medio de un banco de iniciativas encaminado al fortalecimiento de capital social, desarrollo humano y protección de los derechos humanos de esta población
  • Proyectos productivos y de emprendimiento que motiven a los jóvenes beneficiarios a permanecer en la Colombia rural.

Educación

La educación es una herramienta fundamental para la consolidación de una democracia con ciudadanos desarrollados y competentes, permite el bienestar social y económico de un país; es por eso que invertir en la educación de la juventud implica un desarrollo a largo plazo en las sociedades. En Iberoamérica los sistemas educativos demuestran un gran avance en la ampliación de la cobertura, incidiendo sobre todo en preescolar y básica. En los niveles de educación media y superior los resultados todavía quedan cortos a las expectativas y a la urgencia de los jóvenes por culminar el ciclo educativo e iniciar la vida profesional.
En la educación secundaria, las tasas de escolarización son muy variadas entre los países iberoamericanos, mientras que España presenta tasas netas de 94% y Cuba de 87,2%,  Guatemala solo presenta el 33,7%. En cuanto a la educación superior, la matricula en Iberoamérica en niveles universitarios, técnicos y tecnológicos, es menor del 50% en la mayoría de países. Para el año 2008 Colombia se ubicaba con Perú, México, Costa Rica, Brasil, Paraguay y República Dominicana con un porcentaje entre el 25 y 35% (OEI, 2008), para el año 2014, la cobertura fue de 47%[6].
 El sistema educativo colombiano se divide en educación formal y en educación para el trabajo y el desarrollo humano. La primera, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados y que lleva a obtener títulos. La Ley General de Educación establece que se compone de cuatro niveles: preescolar, básica, media y superior, de los cuales, los tres primeros niveles son obligatorios, siendo deber del Estado garantizar el acceso a todos los colombianos. La segunda, se ofrece con el fin de complementar, actualizar y formar, en aspectos académicos o laborales sin interferir al sistema de niveles establecidos por la educación formal.
Entre los retos que tiene el país en cuanto a la educación, los principales son:
  • Mejorar la calidad y garantizar la equidad de oportunidades para su acceso y finalización.
  • Proveer más cobertura en las zonas rurales y periféricas.
  • Mejor capacitación de docentes de los contenidos académicos y de la coyuntura actual.
  • Brindar mayor calidad a los programas de educación terciaria y de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
  • Generación de rutas de articulación de la educación media con la educación superior.
La educación también se divide en pública y privada, a través de pruebas y estudios comparativos de logros y de calidad, se ha encontrado que las instituciones privadas resultan mejor favorecidas. Los alumnos de las escuelas privadas obtienen  mejores resultados debido a variables externas como el acompañamiento en casa, la situación socioeconómica, la infraestructura de las instituciones, entre otros (Iregui, Melo, & Ramos, 2006). Que los estudiantes privados logren altas calificaciones en el Examen de Estado se traduce en que tienen más oportunidades de acceder a la educación superior, ya sea por medios propios o mediante becas de mérito. A pesar de que el gobierno ha definido y ejecutado políticas para mejorar la calidad de la educación pública, las brechas siguen demostrando que acceder a una formación de calidad implica pagar mayores precios por ella.  Se ha evidenciado que estas problemáticas tienen que ver con la escasez de los recursos públicos, la remuneración y capacitación de los docentes.
El Examen Saber 11 es la prueba que se aplica a los estudiantes que terminan su ciclo como bachiller.  El puntaje obtenido es un criterio básico de selección a la educación superior, pública y privada (Gómez, 2009) ya que las instituciones definen los puntajes mínimos para las carreras, excluyendo a los estudiantes que provienen de instituciones con poca calidad y que por lo tanto, no logran los puntajes necesarios. Como resultado, los jóvenes se vinculan rápidamente al mundo laboral, pero con ofertas que limitan sus capacidades a cambio de baja remuneración económica. La transición entre el colegio y la educación superior representa un reto para las sociedades, ya que no es un proceso lineal ni tampoco exitoso en todos los casos, en Colombia uno de cada tres jóvenes no logra concretar el tránsito entre la educación media y la educación superior (Departamento Nacional de Planeación, 2014)
A pesar de los progresos en coberturas, todavía muchos niños y jóvenes se encuentran por fuera del sistema educativo, siendo para el año 2013 1,1 millón de ellos (Ministerio de Educación, 2013). Estas cifras se concentran en hogares de muy bajos ingresos, poblaciones rurales y pertenecientes a comunidades étnicas indígenas y afrocolombianos. La pobreza es un factor que interrumpe el acceso a la educación, generando un círculo vicioso en el que la pobreza y la desigualdad tienden a reproducirse (Fedesarrollo, 2014). Como la educación superior no es una formación obligatoria ni gratuita, debido al contexto económico de más de la mitad de los colombianos, se dificulta el acceso a ella.
El que no exista una política pública continuada respecto a la financiación y obligatoriedad amplía la brecha de desigualdad en el acceso entre las regiones y sectores del país, afectando a los jóvenes de menores ingresos. La educación superior es regulada por la Ley 30 de 1992, puede desarrollarse en niveles de pregrado y posgrado, y puede ser de tipo técnico, tecnológico y profesional, que están supervisados por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior. Que los jóvenes bachilleres no puedan matricularse a carreras de pregrado al terminar la secundaria, no es la única barrera que les impide obtener un título universitario; cifras del Ministerio de Educación indican que de cada 100 jóvenes que ingresan a la educación superior, cerca de la mitad terminan desertando.
Tratando de modificar esta realidad, el gobierno y el Ministerio de Educación han diseñado e implementado algunas propuestas y programas que les permita a los jóvenes no solo ingresar a la educación superior sino también finalizarla exitosamente.  En cuanto a la financiación, se dispuso la tasa de interés real a 0 de los créditos en el ICETEX, para estudiantes de estratos 1,2 y 3, y también líneas de financiamiento en las cuales, los estudiantes tienen la opción de no pagar mientras estudian, o de abonar el 10, 20,50 por ciento de la matrícula. También se han hecho reformar a los requisitos para la aplicación a los créditos, que facilita que las personas puedan acceder a la financiación de sus estudios. Otra estrategia por parte del gobierno central para incentivar que la transición hacia la educación superior ha sido el programa de becas ‘Ser Pilo Paga’.
El objetivo del programa es la generación y asignación de becas a estudiantes de bajos recursos con excelentes resultados en las pruebas Saber, así como un subsidio para movilización y materiales. La iniciativa contó con un presupuesto de $155.000 millones para el año 2015 y $227.000 millones para el 2016, se espera que para el 2018, es decir la finalización del período del Presidente Juan Manuel Santos, sean 40.000 estudiantes beneficiados. Uno de los principales retos del programa es la adaptación del beneficiado, que en la mayoría de los casos necesita un acompañamiento psicológico, debido al nuevo contexto y entorno, y aunque el subsidio permite a los estudiantes cubrir algunos gastos, los costos de alimentación, transporte o materiales son muy altos en algunos casos, la deserción en este semestre ha sido del 0,17%.
El acceso a las universidades no es la única opción que tiene el estudiante bachiller, la educación técnica y tecnológica hace parte de la educación terciaria, aquí la expansión de la matricula se ha producido desde fines de los ochenta y ha aumentado con más rapidez desde los noventa. Desde el Ministerio de Educación, se ha buscado definir un sistema de educación terciaria que garantice calidad, inclusión, movilidad, reconocimiento de saberes, transparencia y objetividad (Ministerio de Educación, 2015).Sin embargo, la población que elige programas de educación técnica y tecnológica es en su gran mayoría de estratos bajos, por lo que se ha estigmatizado y excluidos a quienes se forman en estos niveles. Las instituciones técnicas y tecnológicas requieren de docentes más especializados y de materiales adecuados para ofrecer programas de acuerdo a las necesidades regionales. Para el Ministerio de Educación colombiano, la meta con el Sistema de Educación Terciaria es que los técnicos y tecnólogos puedan tener especializaciones y maestrías, así mediante el fortalecimiento de los oficios se impulse la economía del país.
Debido al actual contexto tecnológico, la facilidad al acceso de la información y el uso de las plataformas virtuales para la enseñanza tanto en la educación media como en la superior, las Tecnologías de la Comunicación y la Información –TIC- adquieren cada vez más importancia para los estudiantes. Reconociendo dicha importancia, desde la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI- se lleva a cabo el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación –IBERTIC- con el objetivo de brindar asistencia técnica especializada a los países iberoamericanos a través del trabajo mutuo con los Estados, las instituciones públicas y privadas, las universidades y los docentes para desarrollar acciones de diagnóstico, formación y evaluación que promuevan la aplicación eficaz de las TIC en el contexto educativo (OEI, 2012).
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se apunta a que las TIC desempeñen un papel fundamental en la construcción de una Colombia más justa, educada y competitiva. Para su logro, se establecieron cuatro estrategias:
  • Impulsar el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con impacto social, promoviendo la cultura TIC en la sociedad e impulsando programas para el emprendimiento.
  • Fortalecer las capacidades de los colombianos para aprovechar las oportunidades que generan las TIC para educarse, emplearse y generar conocimiento, con el fin de mejorar su calidad de vida
  • Potencializar el uso de la infraestructura TIC, garantizar la cobertura de internet banda ancha y TV digital para todo el territorio nacional y garantizar su sostenibilidad.
  • Asegurar la calidad y cobertura de los servicios TIC que permitan a los estudiantes y docentes a mejorar la educación en Colombia.
Para incorporar las TIC en la educación implica determinar con anticipación cuáles son los objetivos y retos de la educación, para poder establecer de qué manera la utilización de las TIC contribuye a ellos. Su aprovechamiento para mejorar la calidad educativa en Colombia ha sido tarea del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones –MinTIC- enmarcado dentro del plan de tecnología Vive Digital, que  busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. Dentro de los objetivos de esta iniciativa se encuentra el contribuir con el cierre de la brecha de conocimiento, formando y brindando acompañamiento a docentes para aprovechar las posibilidades de las TIC en los procesos pedagógicos. Desde el 2010, 4.586 docentes han recibido formación en incorporación de TIC en la educación y11.615 sedes educativas se han visto beneficiadas con la entrega de 144.433 computadores (MINTIC, 2013).
Desde el MinTIC  se ha encontrado un factor determinante en las sedes educativas: tras un año de haber sido beneficiadas con tecnología, las instituciones empiezan a presentar mejores resultados sobre la tasa de deserción, la tasa de repitencia, el desempeño en pruebas estandarizadas de conocimiento y las tasas de acceso a la educación superior. La investigación concluye que las sedes educativas que se han beneficiado con la formación docente, mejoraron su desempeño en un 10,6% gracias a los resultados de sus estudiantes en las Pruebas Saber, y aumentaron en un 7,5% el ingreso a la educación superior. Así como también disminuyó en un 3,6% la tasa de repitencia escolar y en un 4,3% la deserción, lo que equivale a 162.000 estudiantes que permanecieron en el sistema educativo (MINTIC, 2015). Aunque el uso de las TIC no es algo generalizado en todo el territorio colombiano, su papel en la educación ha mostrado resultados positivos y puede permitir a los jóvenes generar mejores resultados en sus emprendimientos.

Empleo

La educación y el empleo conforman los principales eslabones del desarrollo actual y de las nuevas formas de desarrollo que conllevan a sociedades más dinámicas e igualitarias (CEPAL, 2012). La transición entre la educación superior y el sistema laboral es un desafío para las sociedades debido a las dificultades propias y externas de la inserción en el mundo laboral. Después de prepararse y estudiar, los jóvenes esperan encontrar oportunidades laborales de calidad y que les permitan el desarrollo pleno como ciudadanos productivos y mejorar sus condiciones de bienestar y crecimiento personal. Desafortunadamente, esta es una situación a la cual pocos jóvenes pueden acceder, para el año 2015 la tasa de desempleo juvenil estuvo en 17,3% en Colombia y para Iberoamérica en 12,6%[7]. En ocasiones, debido a los contextos sociales y económicos, los jóvenes deben asumir roles de adultos y dejar de estudiar para acceder a trabajos de mala calidad, sin protección laboral y sin la justa remuneración, ya que son los responsables de proveer de recursos a sus familias.
En la mayoría de los países subdesarrollados, como mínimo tres de cada cuatro jóvenes que trabajan, lo hacen de manera irregular, ya sea como trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares, trabajadores ocasionales o trabajadores temporales (OIT, 2015). Las barreras a nivel educativo mencionadas anteriormente, obstaculizan la vinculación de manera formal al sistema laboral y a la formulación de ideas y/o proyectos de innovación y emprendimiento. En Colombia, los jóvenes representan el 28% total de la población pero constituyen el 52% del desempleo total (Colombia Joven, 2015); y para los tres primeros meses de 2016  la tasa de desempleo juvenil fue de 18,0% (DANE, 2016). Aunque estas tasas han ido disminuyendo, siguen siendo superior al desempleo adulto.
Aparte de la situación de los jóvenes desempleados, otro tema crítico consiste en los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. Aproximadamente 30 millones de jóvenes en América Latina corresponden a esta categoría; dicha situación implica una desventaja para caer o salir de la condición de pobreza, además estigmatiza negativamente a los jóvenes que hacen parte de ella (CEPAL, 2015). Sobre todo porque se construye la idea de que los jóvenes que no estudian ni trabajan están relacionados con la delincuencia y el consumo de drogas y alcohol; cuando en realidad la mayor parte de ellos pertenecen a  grupos excluidos como mujeres, residentes de zonas urbanas y jóvenes discapacitados inhabilitados para trabajar y a veces, para estudiar (CEPAL, 2014). Según un informe realizado por el Banco Mundial, Colombia es el segundo país en Latinoamérica con más ninis, siendo Brasil el primero y México el tercero (Banco Mundial, 2016)
El mismo informe determina que uno de cada cinco hogares en Latinoamérica tiene un nini, así como el 60% de ellos provienen de hogares pobres y el 66%  son mujeres, evidenciando la desigualdad social en la región. En Iberoamérica, los gobernantes reconocen la vulnerabilidad de estos jóvenes, debido a que pueden debilitar la gobernabilidad y la cohesión social. Para combatir este fenómeno se necesitan políticas públicas que logren superar esa ruptura de vínculos que permiten la formación de capital humano, participación en el capital social y que llevan a reproducir los ciclos de pobreza y exclusión (OIJ, 2008). De igual modo, compete a todos los actores de la sociedad, como las familias y las empresas a tomar responsabilidad y acciones colectivas para enfrentar esta dificultad.
Para contrarrestar dicho contexto, el gobierno colombiano ha diseñado e implementado políticas y programas que buscan el empoderamiento laboral de los jóvenes y su capacidad de incidencia a nivel local, regional y nacional, como el programa ‘40 mil Primeros Empleos, es talento no palanca’ y la Ley del primer empleo. Por medio de esta ley, se ha buscado contrarrestar esta situación, la cual formaliza y genera empleo para los jóvenes, por medio de normas que articulan el conjunto de incentivos a la contratación y el emprendimiento juvenil. Sus principales aspectos son[8]:
  • El diseño y promoción de programa de créditos orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo.
  •  El mejoramiento de la empleabilidad de los jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para su inserción social y laboral.
  • Otorgar condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes tecnólogos, técnicos o profesionales por parte del Fondo Nacional de Garantías. La ley establece incentivos a los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años. Finalmente, estos incentivos se traducen en el descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios, de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.

Emprendimiento

Los emprendedores son personas que logran transformar ideas en iniciativas rentables e innovadoras. Aunque, no basta con tener las ideas, habilidades y aptitudes; el emprendedor prospera cuando su entorno económico e institucional es favorable e impulsa los rendimientos de la innovación (Banco Mundial, 2014). Por distintas razones, los jóvenes dejan de estudiar y al encontrarse con un panorama de oportunidades laborales  informales, con poca remuneración y bajas garantías, deciden buscar otras alternativas que les permitan la realización de sus proyectos de vida. Iberoamérica ha hecho grandes esfuerzos por implementar políticas públicas que tengan un enfoque multidimensional y que fomenten el empleo y el emprendimiento en los jóvenes.
Este enfoque multidimensional de las políticas públicas debe poder integrar el talento empresarial, laboral, innovación y financiamiento, así como considerar programas que reduzcan el tránsito de los jóvenes desde el sistema educativo hacia trabajos en el sector informal (CAF, 2014). Así como garantizar que los emprendimientos juveniles sean duraderos. La mayoría de iniciativas que han resultado exitosas y estables han sido emprendidas con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y bancos privados (CEPAL, 2015), siendo oportunidades a las que no todos los jóvenes pueden acceder. Desde la OIJ se ha extendido la cultura de la creatividad empresarial y la innovación entre todos los jóvenes sin importar sus condiciones.
La ley 1014 de 2006 de Fomento a la cultura del emprendimiento, define este término como
“Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”[9].
En Colombia se ha buscado potenciar el emprendimiento juvenil por medio de programas y normas que brinden herramientas y facilidades a los jóvenes para que potencien ese liderazgo y se beneficien tanto a sí mismos como a la comunidad, aunque hay grandes avances en la normatividad, su efectiva aplicación apenas está iniciando. La Ley 1014 tiene como objetivos, facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial, promover el acceso a financiación, promover la articulación interinstitucional y fomentar los emprendimientos que incorporan ciencia, tecnología e innovación.  Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se determina que para reducir la pobreza es necesario potenciar la generación de ingresos a través de la creación de empleos de calidad y sobre todo, fomentar el emprendimiento para motivar a los jóvenes a vincularse a estos procesos para estimular sus capacidades y economías. En el año 2013, Global Entrepreneurship Monitor –GEM- midió las iniciativas empresariales de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre la población de 18-64 años para determinar la tasa de actividad emprendedora en América Latina y el Caribe, la cual tuvo un porcentaje de 18,5;  mientras que para Colombia  fue de 23,7% (GEM, 2013).
Si bien, el país presenta  tasas considerables de creación de empresas, el GEM muestra que solo el 6% de los empresarios que comienzan un emprendimiento, se consolidan como innovadores (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Este escenario ha sido más complejo para los jóvenes, debido al poco apoyo del sector financiero que brinda sobre todo opciones en créditos para financiar estudios y servicios de ahorros. Frente a esta situación, el gobierno ha buscado diseñar e implementar políticas de apoyo a los jóvenes emprendedores, ya que por el papel que tienen en la transformación de la sociedad, es necesario fortalecerlos y brindarles facilidades para la financiación, capacitación y formación. El documento 173 de 2014 del Consejo Nacional de Política Económica y Social –Conpes- señala  que el 0,25% de la cartera crediticia de los Bancos en América Latina se destina a los jóvenes y esta situación en Colombia no es diferente (Jaramillo, 2016)
Pese a que, las condiciones para que los jóvenes emprendan todavía son desfavorables, desde el gobierno se han realizado  iniciativas que promueven el emprendimiento juvenil. Por un lado, desde el Ministerio de Cultura con el apoyo del SENA y de la CAF, se realizan las Escuelas Taller, con el objetivo de vincular a los jóvenes de contextos más vulnerables al mercado laboral, mediante la recuperación y promoción del Patrimonio Cultural del País.  La formación dura entre uno y dos años, respondiendo a los siguientes ejes temáticos: 1.Formacion para el trabajo y el desarrollo humano. 2. Emprendimiento Cultural. 3. Gestión para la competitividad, desde el 2014 se han formado 27,388 jóvenes, de los cuales 86% de los graduados ha logrado vincularse al mundo laboral y/o emprender (CAF, 2016). De igual forma, el Ministerio de Cultura ha priorizado en su agenda trabajar por la generación de entornos que permitan el fortalecimiento de proyectos culturales sostenibles.
El programa Emprende Cultura ha tenido varios puntos de acción, desde convocatorias de estímulos  y facilidades de financiamiento como como Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y Findeter, hasta cursos de formación en emprendimiento cultural para el desarrollo local. Desde el Conpes 173 también se resaltó la importancia de visibilizar a los jóvenes rurales fortaleciendo y extendiendo la cobertura de la Red Nacional de Jóvenes Rurales Emprendedores, respaldada por el Ministerio de Agricultura y el SENA y que promueve la vinculación productiva de jóvenes rurales por medio de emprendimientos productivos, a partir de, que busca que los jóvenes sean agentes de desarrollo en sus territorios y que por lo tanto, no deban migrar a zonas urbanas en donde pueden reproducir ciclos de pobreza y desigualdad. La Red busca la formación de los jóvenes en conocimientos que pueden aplicar en  sus contextos, que generen alianzas estratégicas y se empoderen como líderes sociales y representantes de las propuestas desde lo agro.
El Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, desde el año 2012 desarrolla el programa “Colombia Joven Emprende” y tiene como objetivo poder visibilizar las iniciativas de emprendedores juveniles. Por medio de una ruta metodológica[10] busca que los jóvenes en primer lugar, tengan claro la conceptualización relacionada con el tema  y los pasos de cómo hacerlo y visibilizarlo. En su primera versión, se realizó un encuentro con universidades de Bogotá y Medellín, en el cual estas se comprometieron a generar más espacios –apoyados por el gobierno- que permitan a los jóvenes consolidar ideas de emprendimiento. También ha buscado que se generen ideas emprendedoras que aporten a la construcción de paz y convivencia en todo el territorio nacional.
Para complementar y reforzar la normatividad existente del empleo y el emprendimiento juvenil, se decreta la Ley 1780 de 2016 conocida como Ley Projoven que busca promover la generación de empleo y el emprendimiento juvenil mediante la eliminación de las barreras que impiden a los jóvenes comenzar su vida laboral desde los siguientes ejes:
  • Jóvenes como emprendedores: entre las disposiciones está la creación de un fondo de capital semilla para financiar los emprendimientos juveniles tanto en las zonas rurales como urbanas, que de manera inicial contará con 120 mil millones de pesos (Ministerio de Trabajo , 2016). Exención del pago del registro mercantil para empresas de jóvenes. Beneficios tributarios para pequeñas empresas establecidos en la Ley 1429 de 2010.
  • Jóvenes talentos para el Estado: se desarrollará y reglamentará una política para que los jóvenes sin experiencia realicen prácticas laborales remuneradas en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para acceder al servicio público. Así como la creación de cargos –por lo menos el 10% de los nuevos empleos generados- que no exijan experiencia laboral en entidades públicas.
  • Jóvenes en el sector privado: los incentivos para que las empresas del sector privado contraten a jóvenes son, el no pago de los aportes a Cajas de Compensación Familiar y la creación de un Sistema Nacional de Prácticas Laborales.
  • Jóvenes trabajando en el campo: se habilita a las Cajas de Compensación Familiar para financiar y operar programas de empleo y emprendimiento como el desarrollo de obras, la generación de ingresos, el impulso y el financiamiento de las actividades agropecuarias y el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales (Ministerio de Trabajo , 2016)
  • Jóvenes para la paz: se reduce la edad máxima de incorporación al servicio militar de 28 a 24 años de edad, es decir a partir después de cumplidos los 24 años los jóvenes no podrán ser requeridos por las Fuerzas Militares. La eliminación de la exigencia de la libreta militar para trabajar y  la reducción de multas hasta por un 90% y de cuota de compensación militar hasta por un 60%, con facilidades de pago, como el pago a cuotas.
Se espera que los resultados de la Ley ProJoven puedan materializarse lo antes posible para que los jóvenes colombianos poco a poco superen las barreras que les impiden el desarrollo pleno de su ciudadanía y de su adultez.

Reflexión final

Según la información presentada con anterioridad, se puede decir que tanto en Iberoamérica como en Colombia se han realizado esfuerzos políticos importantes para que los jóvenes se empoderen de su ciudadanía y se implementen políticas que velen por la protección de sus derechos. Está cambiando la concepción de esta población como una invisibilizada y con pocos espacios de participación; no obstante, estos esfuerzos deben ser cada vez mayores y tanto como en el  diseño como su implementación debe tener un constante  acompañamiento  por los representantes de esta población, que aprueben que sus intereses y preocupaciones estén reflejadas en estos procesos.
Finalmente, es primordial que las leyes y políticas públicas de juventud consideren:
  • Buscar la transformación de las dinámicas sociales que generan los principales obstáculos en los jóvenes, que no solo consideren acciones a mediano plazo, sino que se busque una transformación social que se traduzca en mejores condiciones de vida para los jóvenes colombianos.
  • Otros aspectos que vayan más allá de la productividad y empleabilidad de los jóvenes. Es decir, aunque el desempleo juvenil es un fenómeno que tiene que combatirse, primero se debe formar de manera adecuada a los jóvenes, tener mayor énfasis en los temas relacionados a la educación y a la ocupación del tiempo libre, que garantice jóvenes mejor formados, aptos a conseguir empleos de calidad.
  • El reconocimiento de discriminaciones y de la necesidad de enfoques de género, etnia, sexualidad, así como a condiciones como discapacitados y jóvenes ninis.  
  • Considerar otros temas que hacen parte de las preocupaciones de los jóvenes como la salud mental, la vivienda juvenil y la movilidad.
  • Superar las asimetrías de la descentralización y de las diferencias regionales, que no sean únicamente las capitales de los departamentos o municipios grandes que cuenten con políticas de juventud.

Referencia bibliográfica

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                Convenio F-054 Mininterior –
Fundación Escuelas de Paz
[1] FEDESARROLLO, 2014
[2] MEN SNIES, 2014
[3] Se entiende por deserción por período o deserción anual la proporción de  estudiantes que estando matriculados dos semestres atrás son clasificados como desertores un año
[4] Hoja Mural de Datos Sociodemográficos (2015) de la OIJ.
[5] DANE 2013
[6] MEN SNIES, 2014
[7] Hoja Mural de Datos Sociodemográficos (2015) de la OIJ
[8] Tomado del Conpes 173 p.8
[9] Ley 1014 de 2006, artículo 1°.
[10] Para más información http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/estrategias/Paginas/colombia-joven-emprende.aspx

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